El tiempo marca la estrategia legislativa del Gobierno. A solo cinco semanas de que finalice el año parlamentario, el oficialismo en Diputados apura el tratamiento del presupuesto 2025 mientras apuesta a postergar la avanzada opositora para limitar el poder de Javier Milei a través de una reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Esas son las dos prioridades”, sintetiza un referente libertario a LA NACION. Es que, en paralelo, hay otros proyectos en condiciones de tratarse en el recinto: la privatización de Aerolíneas Argentinas y el proyecto de Ficha Limpia, que busca que los condenados por delitos de corrupción no sean candidatos a cargos públicos.

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Si bien la venta de la empresa aérea es una de las reformas prioritarias de La Libertad Avanza (LLA), todavía no reúne los avales para garantizarse la media sanción. De hecho, en la última reunión en la Casa Rosada con referentes parlamentarios hubo pases de factura al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por motorizar esta medida en Diputados sin chequear “que haya agua en la pileta”. El presidente de la Cámara, Martín Menem, se sumó a este reclamo.

Respecto del proyecto que pretende limitar la postulación a cargos públicos para condenados, el Gobierno podría impulsarlo por haberse comprometido con Pro para someterlo a votación antes de fin de año. No obstante, no lo considera decisivo.

En lo inmediato, los libertarios pondrán el foco en contar con la proyección presupuestaria para el año próximo. Desde que Milei presentó el proyecto el 15 de septiembre, el oficialismo solo concretó cuatro reuniones informativas con funcionarios del Poder Ejecutivo en Diputados, sin afianzar acuerdos concretos con la oposición ni con los gobernadores. En un contexto de fuerte ajuste, los mandatarios provinciales esperan que el Gobierno abra el grifo de recursos, sobre todo después de que muchos de ellos fueron decisivos para sostener en el Congreso la voluntad de Milei. El veto a la reforma previsional y el que impugnó la ley de financiamiento universitario son dos de los ejemplos más claros.

La semana pasada hubo un intento de la Casa Rosada para sellar una tregua con los rectores universitarios, que reclaman más recursos y amenazan con nuevos paros. El diputado José Luis Espert iba a anunciar el miércoles un incremento de las partidas presupuestarias para las casas de altos estudios, condicionado a la futura suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y al ajuste en el financiamiento a los partidos políticos. Una movida clásica del manual libertario “anticasta” que muchos vinculan al asesor Santiago Caputo. Pero la conferencia se suspendió dos horas antes de la hora prevista por la furia que este inminente anuncio desató entre sus aliados de Pro, que rechazan la eliminación de las PASO y pusieron el grito en el cielo por no haber sido notificados de esta decisión.

El oficialismo se muestra zigzagueante. Sus principales referentes en la Cámara baja aseguran que están dispuestos a aceptar modificaciones en el Presupuesto en tanto se respete el equilibrio fiscal y no se toquen los gastos tributarios. Es decir, que no se suban o bajen impuestos.

Malas noticias para Milei: el bloque de diputados de Encuentro Federal, encabezado por Miguel Pichetto, impulsará un texto alternativo para aumentar las partidas para los jubilados, las universidades y las provincias con el ahorro fiscal en otras áreas del Estado. Proponen eliminar algunas de las exenciones tributarias que benefician determinados sectores y actividades, y eliminar la asignación específica del impuesto a los combustibles para engrosar los recursos de la masa coparticipable.

“Está muy difícil”, reconocen en el oficialismo sobre las tratativas para llegar a un texto consensuado. Es verosímil la posibilidad de que no se logre su sanción. Frente a este escenario, los diputados de LLA ya relativizan la importancia de contar con un presupuesto y minimizan las chances de una reacción adversa de los mercados y el FMI. Aseguran que el Presidente genera confianza. “Javier es monotemático con el sostenimiento del superávit fiscal”, señalan.

En el otro frente de batalla, los libertarios quieren evitar que la oposición achique el margen operativo de los DNU presidenciales, una herramienta constitucional de la que Milei hizo un amplio uso por encontrarse en una rotunda minoría parlamentaria. El oficialismo se anotó la semana pasada una importante victoria: logró consensuar con la oposición la postergación de la sesión para tratar este tema. Por las elecciones del próximo martes en los Estados Unidos, muchos diputados de LLA estarán fuera del país y, por ende, no podrán sumarse al freno de esta medida.

La oposición aceptó de buena gana el pedido del Gobierno: necesita tiempo para afianzar los votos en el recinto. Si bien se logró un despacho de mayoría que impulsó Encuentro Federal y el radicalismo opositor, para lograr la media sanción deberán ajustar los detalles del texto con los bloques de la UCR y de la Coalición Cívica, que elevaron sus propios dictámenes.

Los acuerdos están cerca y el Gobierno lo sabe. Por eso, apuestan a empastar esta negociación y dilatar su debate en el recinto. Quieren evitar que se discuta en lo que queda del año parlamentario.

En líneas generales, la reforma busca eliminar la aprobación tácita de los DNU. La iniciativa de mayoría propone un plazo de 90 días corridos a partir de su publicación para que ambas cámaras del Congreso lo discutan. Si no fuesen aprobados dentro de ese lapso, los DNU perderían vigencia de manera automática.

Además, establece que si alguna de las cámaras del Congreso rechaza un DNU, este queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En la actualidad, la ley exige el rechazo expreso de ambas cámaras para su derogación.

El Gobierno todavía no reúne los avales para imprimirle la media sanción a la venta de la empresa aérea, que estaba en el listado de compañías a privatizar en la Ley Bases, pero se quitó en el Senado por presión de algunas provincias alejadas de la Capital Federal.

Para acercarse al número mágico, los libertarios deberán afianzar un consenso con los 16 diputados del bloque de Pichetto, que junto con los 12 radicales de “Democracia para siempre” presentaron una propuesta alternativa donde plantean cuatro opciones de privatización y definen que se necesitará de una nueva ley si el Poder Ejecutivo pretende vender o liquidar la empresa, cerrar la operación de la compañía o deshacerse del capital estatal –el 51%–.

Un referente libertario anticipó a LA NACION que no está en los planes del Gobierno negociar con la tropa de Pichetto. “Es privatización o nada”, afirmó. Se rehúsan a que el Estado retenga la mayoría de las acciones, tal como ocurre con YPF.

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Por eso, en el oficialismo hay quienes dicen que están dispuestos a perder la discusión. “Que dejen los dedos marcados”, especulan sobre los diputados que podrían oponerse a la venta total de la compañía. Un nuevo “principio de revelación”.

El oficialismo no considera al proyecto de Ficha Limpia como una iniciativa propia, sino de Pro. No obstante, reconocen que, de avanzar, podría ser un duro revés para el peronismo, que espera que la Cámara de Casación ratifique la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad el próximo 13 de noviembre. El dictamen de mayoría que firmó La Libertad Avanza, Pro, UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal impide a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción postularse como candidatos a cargos públicos. Si Diputados le diera luz verde a este proyecto, todavía restaría el aval del Senado para convertirse en ley.